- Apple negocia contrarreloj con la Comisión Europea para evitar nuevas sanciones económicas por su App Store.
- La polémica gira en torno a las "reglas anti-steering" y el denominado Core Technology Fee para desarrolladores.
- El plazo de la UE para que Apple modifique sus políticas expira el 26 de junio, con riesgo de multas diarias de hasta el 5% de su facturación global.
- Las negociaciones tienen implicaciones globales, con otros gigantes tecnológicos también bajo presión regulatoria.
La presión sobre Apple para modificar la política de su App Store en la Unión Europea no deja de aumentar. En los últimos días, la compañía de Cupertino se ha visto forzada a mantener negociaciones de última hora con los reguladores europeos con el objetivo de evitar multas millonarias derivadas de su supuesto incumplimiento de la Digital Markets Act (DMA), la normativa europea destinada a limitar el poder de las grandes tecnológicas.
Durante los meses recientes, las autoridades europeas han puesto el foco en varias prácticas de la App Store, en especial las llamadas «reglas anti-steering». Estas normas, implementadas por Apple, restringen a los desarrolladores de apps la posibilidad de informar a los usuarios sobre ofertas o métodos de pago alternativos fuera de la propia tienda de Apple. En abril, este enfoque ya se tradujo en una sanción de 500 millones de euros para la compañía por impedir que los desarrolladores dirigieran a los usuarios a otras opciones de compra fuera del sistema de pago integrado de la App Store, algo expresamente prohibido por la DMA.
Negociaciones a contrarreloj y posibles cambios
El próximo 26 de junio expira el plazo que la Comisión Europea dio a Apple para modificar sus políticas. Si la empresa no presenta medidas significativas para cumplir con la ley, se enfrenta a la posibilidad de multas diarias que pueden alcanzar el 5% de su facturación global. Para una compañía que ingresó 383.000 millones de dólares en 2023, esto podría traducirse en sanciones superiores a 50 millones de dólares cada día.
Las conversaciones entre Apple y los reguladores se han centrado, principalmente, en las reglas de direccionamiento o steering, que exigen a los desarrolladores utilizar el sistema de pagos de Apple y prohíben enlazar a plataformas externas de pago. Apple estaría dispuesta a relajar algunas de estas restricciones para acercarse a los requisitos europeos y ganar tiempo extra antes de que se apliquen nuevas sanciones, aunque la Comisión Europea debe primero valorar si los cambios propuestos son suficientes.
Otro tema clave en las discusiones es el Core Technology Fee, una tarifa de 0,50 € por cada instalación anual de apps fuera de la App Store tras superar el millón de descargas. Desarrolladores y autoridades consideran que esta tarifa dificulta la competencia, ya que impone costes adicionales incluso cuando los usuarios instalan aplicaciones a través de otras plataformas.
En marzo, con la llegada de iOS 17.4, Apple ya introdujo una serie de modificaciones en la UE. Entre las novedades, destacó la posibilidad de distribuir aplicaciones a través de tiendas alternativas y el uso de métodos de pago alternativos dentro de las propias apps, pasos que respondían al mandato europeo. Sin embargo, tanto la Comisión Europea como muchos desarrolladores consideran insuficientes estos cambios, al argumentar que aún no eliminan las barreras para la competencia ni ofrecen verdadera libertad para informar a los consumidores sobre otras opciones.
Bruselas mantiene un estrecho seguimiento sobre la evolución de las políticas de Apple, y ha reiterado que cuenta con «amplios poderes regulatorios» si la compañía sigue sin cumplir sus obligaciones en virtud de la DMA. Por su parte, Apple defiende que ha realizado ya «centenares de cambios» y asegura que continúa en diálogo con las autoridades comunitarias.
El enfrentamiento legal entre Apple y la UE puede sentar precedentes para el resto de la industria tecnológica. Según expertos, un posible ajuste de la App Store en territorio europeo podría desencadenar demandas similares en otros países, lo que explica la cautela de Apple a la hora de modificar su modelo de negocio más allá de lo estrictamente necesario.
La Comisión Europea no solo observa el caso de Apple. Grandes empresas como Google, Amazon o Microsoft también han sido sancionadas o investigadas en el territorio europeo por sus prácticas relativas a la competencia y el modelo de negocio digital.
