- Un tribunal federal de apelaciones mantiene el desacato contra Apple por incumplir una orden sobre pagos alternativos en la App Store.
- La justicia de EE. UU. abre la puerta a que Apple cobre comisiones por compras fuera de la tienda, pero muy inferiores al 27% fijado inicialmente.
- Epic Games ve reforzada su posición en la batalla por un ecosistema de aplicaciones más abierto y con menos restricciones.
- El caso se sigue con atención en España y la UE en pleno despliegue de la Ley de Mercados Digitales y los nuevos límites a las grandes plataformas.
La larga guerra entre Apple y Epic Games por el control de las reglas y las comisiones de la App Store ha vivido un nuevo episodio clave en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones ha decidido mantener la reprimenda por desacato contra el fabricante del iPhone, al entender que desobedeció una orden judicial previa que le obligaba a abrir la puerta a métodos de pago alternativos fuera de su tienda de aplicaciones.
Al mismo tiempo, la resolución también deja margen a Apple para seguir cobrando algo por las compras que se realicen fuera de la App Store, pero deja claro que el nivel del 27% de comisión impuesto por la compañía resulta excesivo. El caso, aunque se centra en la legislación de California, se observa con lupa desde España y el resto de Europa por las similitudes con los debates abiertos en Bruselas sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas.
El revés por desacato y el futuro de las comisiones externas
En una decisión de 54 páginas, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha confirmado que Apple desobedeció de forma deliberada una orden dictada en 2021 por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Aquella resolución obligaba a permitir que los desarrolladores pudieran redirigir a los usuarios hacia sistemas de pago alternativos en la web, donde a menudo se ofrecen precios más ajustados que en las compras integradas.
El tribunal de apelación respalda la conclusión de que Apple incurrió en desacato, pero discrepa sobre el alcance de las medidas correctoras acordadas inicialmente. Según el panel de tres jueces, prohibir de manera absoluta cualquier tipo de comisión sobre las transacciones externas fue una reacción desproporcionada por parte del juzgado de distrito, que se habría excedido en su margen de maniobra.
Para los magistrados, Apple tiene derecho a recibir algún tipo de compensación por el uso de su tecnología y su propiedad intelectual cuando se utilizan en procesos de compra que se completan mediante enlaces externos. La clave, subrayan, es que dicha compensación debe limitarse a costes “genuina y razonablemente necesarios” para coordinar el funcionamiento de esos enlaces y garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema.
Lo que el Noveno Circuito sí rechaza de forma nítida es el porcentaje del 27% que Apple quiso aplicar sobre los ingresos generados fuera de la App Store. Esa cifra dejaba la carga total para los desarrolladores muy cerca del 30% estándar de las compras integradas, lo que, a juicio del tribunal, contradecía el objetivo de la orden original: permitir que florecieran alternativas de pago más competitivas.
Como consecuencia, el asunto vuelve ahora al despacho de la jueza Gonzalez Rogers, que deberá determinar qué tipo de estructura de comisiones se ajusta a lo que el tribunal de apelación considera razonable. De esa decisión dependerá si el triunfo de Epic y de otros desarrolladores se queda en un gesto más simbólico que práctico o si termina teniendo un impacto económico tangible en la industria.
Cómo se encendió la mecha: Fortnite, pagos y ecosistema cerrado
El conflicto entre Apple y Epic Games viene de lejos y tiene su origen en la forma en que la App Store controla los pagos y las comisiones dentro del ecosistema iOS. Durante años, la compañía de Cupertino ha exigido que las compras integradas pasen por su propio sistema de facturación, aplicando tarifas que suelen situarse entre el 15% y el 30% del importe.
Epic, creadora del popular videojuego Fortnite, decidió desafiar ese modelo al introducir en 2020 un método de pago directo dentro del propio juego que evitaba las comisiones de Apple. La reacción fue fulminante: el título fue retirado de la App Store y, en paralelo, también de Google Play en Android, lo que dio paso a una batería de demandas antimonopolio contra ambos gigantes tecnológicos.
Tras un juicio celebrado en 2021, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers falló mayoritariamente a favor de Apple en lo que respecta a la ley antimonopolio federal, concluyendo que la compañía no encajaba en la definición clásica de monopolio ilegal a nivel nacional. Sin embargo, sí apreció una infracción de la legislación de competencia de California, un matiz fundamental que acabaría empujando a Apple a abrir parcialmente su ecosistema.
En virtud de la normativa californiana, la magistrada ordenó a Apple que permitiera a los desarrolladores informar y redirigir a los usuarios hacia opciones de pago online más baratas, por ejemplo a través de enlaces a páginas web externas. Esta apertura, limitada pero significativa, fue ratificada posteriormente por el propio Noveno Circuito y por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, consolidando un precedente que impide que la App Store sea un entorno completamente hermético.
Apple implementó la orden permitiendo el uso de enlaces externos, pero lo hizo acompañando esa novedad de una nueva comisión del 27% sobre los ingresos generados mediante esos enlaces. Para Epic y muchas otras empresas, aquella fórmula equivalía a un “truco” para mantener prácticamente intacta la presión económica sobre los desarrolladores, ya que la diferencia con las comisiones tradicionales se volvía mínima.
La postura de Epic y el peso económico de la App Store
Ante la introducción de esa tarifa del 27%, Epic Games volvió a la carga denunciando que Apple estaba incumpliendo tanto el espíritu como la letra de la sentencia de 2021. Además de criticar el porcentaje, la compañía señaló que las restricciones sobre el formato, el diseño y la ubicación de los enlaces externos dificultaban que los usuarios encontraran y utilizaran realmente los métodos de pago alternativos.
Epic sostuvo ante los tribunales que esas limitaciones convertían la supuesta apertura en poco más que un gesto formal, sin efectos reales relevantes sobre la competencia. La nueva resolución del Noveno Circuito, que corrige el alcance de las medidas impuestas al principio pero mantiene el desacato, ha sido interpretada por la empresa de videojuegos como un golpe importante a la estrategia de Apple de imponer “tarifas basura” sobre los desarrolladores.
Desde la óptica de Epic, tiene sentido que Apple pueda cobrar tasas relacionadas con funciones concretas como la revisión de aplicaciones, la seguridad o la coordinación técnica, pero no un porcentaje elevado y recurrente sobre la facturación generada mediante sistemas de pago ajenos. Esa diferencia es, a su juicio, la que marca la frontera entre cobrar por un servicio real y aprovechar una posición de fuerza para extraer rentas excesivas.
Todo este pulso se desarrolla mientras la App Store sigue siendo uno de los pilares del negocio de servicios de Apple. La compañía no desglosa de forma detallada cuánto ingresa exactamente por su tienda de aplicaciones, pero sí presume de su impacto sobre los desarrolladores: solo en 2024, asegura haber facilitado más de 400.000 millones de dólares en ventas para creadores de apps a través de su ecosistema.
Firmas de análisis como Appfigures calculan que, únicamente en Estados Unidos, la App Store habría generado en torno a 10.000 millones de dólares de ingresos para Apple en 2024. Con estas cifras sobre la mesa, se explica mejor por qué la empresa defiende con tanta firmeza su modelo de comisiones y su control sobre la distribución de software en iOS: cualquier cambio forzado puede suponer un impacto directo en una fuente clave de ingresos recurrentes.
Mirada desde España y la Unión Europea: ecosistema, DMA y competencia
Aunque el litigio entre Apple y Epic se centra en tribunales estadounidenses, los ecosos de esta disputa se dejan sentir en Europa y en España, donde los reguladores llevan años analizando el poder de las grandes plataformas. Las cuestiones de fondo —quién controla el acceso a los usuarios, cómo se fijan las comisiones y hasta dónde se puede cerrar un ecosistema— son prácticamente las mismas que se debaten en Bruselas.
La referencia inmediata en la Unión Europea es la Ley de Mercados Digitales (DMA), que impone obligaciones especiales a aquellos gigantes tecnológicos calificados como “guardianes de acceso”. Entre otras cosas, estas normas obligan a permitir tiendas de aplicaciones alternativas, el uso de sistemas de pago de terceros y la eliminación de represalias contra quienes opten por soluciones de facturación externas.
Para muchos desarrolladores españoles y europeos, el fallo del Noveno Circuito se interpreta como otra señal de que el modelo de comisiones y restricciones en las grandes tiendas de apps está empezando a resquebrajarse. Aunque la decisión no tenga efectos jurídicos directos en la UE, refuerza la percepción de que los tribunales y las autoridades de competencia son cada vez menos tolerantes con estructuras demasiado cerradas.
Los usuarios en España podrían notar efectos indirectos si, en respuesta a las presiones regulatorias y judiciales, Apple termina adoptando políticas más homogéneas a escala global. Si las comisiones se reducen o se flexibiliza de manera real el uso de sistemas de pago externos, cabe la posibilidad de que se traduzca en precios más bajos, más ofertas y mayor innovación en contenidos digitales, desde juegos hasta servicios de suscripción.
Al mismo tiempo, la propia sentencia del tribunal estadounidense reconoce que la infraestructura que Apple pone a disposición de los desarrolladores tiene un coste y un valor evidentes: sistemas de seguridad, herramientas de desarrollo, canales de distribución global y un flujo constante de actualizaciones. El reto para los reguladores europeos, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España, será trazar la línea que separa la legítima compensación por estos servicios de un posible abuso de posición dominante.
Un conflicto que seguirá marcando la agenda de las grandes plataformas
La decisión del Noveno Circuito no cierra la batalla legal, pero sí redefine el tablero en el que se librarán las próximas rondas. La jueza Gonzalez Rogers deberá fijar ahora un nivel de comisión que considere aceptable para las compras realizadas fuera de la App Store, y esa cifra será examinada con lupa por todo el sector tecnológico y por los reguladores de medio mundo.
Para Apple, el reto pasa por ajustar sus políticas de comisiones sin dar la impresión de perder el control de su ecosistema. Hasta ahora, la compañía ha defendido una postura firme, introduciendo solo los cambios estrictamente necesarios cuando se lo han exigido gobiernos o tribunales de países concretos. Queda por ver si mantendrá esta estrategia, adaptándose territorio a territorio, o si optará por un enfoque más uniforme a nivel global para simplificar su modelo de negocio.
Epic Games sale reforzada de este capítulo al conseguir que un tribunal de apelación confirme el desacato de Apple y obligue a revisar el polémico 27%. Este respaldo judicial fortalece su discurso a favor de un mercado de aplicaciones más abierto y competitivo, aunque también deja claro que las grandes plataformas seguirán teniendo cierto margen para cobrar por parte de los servicios que prestan.
Más allá de estas dos empresas, todo el ecosistema de desarrolladores que depende de las tiendas de apps está pendiente de la letra pequeña de lo que se considere, a partir de ahora, una “tarifa razonable”. De esa definición dependerá la viabilidad de muchos modelos de negocio, desde pequeños estudios independientes hasta grandes compañías que distribuyen suscripciones, juegos o herramientas profesionales a través de la App Store.
En un escenario en el que unas pocas plataformas centralizan la distribución de la mayoría de aplicaciones, cada resolución judicial que afecta al modelo de comisiones envía una señal al resto del sector. Lo que está en juego no es solo cuánto se paga por estar en una tienda digital, sino quién marca las reglas de acceso a millones de usuarios y hasta qué punto esas reglas pueden ser cuestionadas por los tribunales y por los reguladores.
La batalla por la App Store se ha convertido en un caso de referencia para entender cómo se equilibrarán en los próximos años los intereses de las grandes tecnológicas, las necesidades de los desarrolladores y los derechos de los consumidores, tanto en Estados Unidos como en España y el resto de Europa, donde las autoridades miran de cerca este pulso para calibrar sus propias decisiones sobre competencia digital.
